Ayudados por asesores fiscales Leo Messi y su padre organizaron una red de sociedades en 4 países para ingresar los derechos de imagen del futbolista para evitar el pago de impuestos / Foto Internet
Bote y multón a Messi por fraude
Ratifican condena de 21 meses de cárcel para el astro y multa de 2.1 millones de euros -unos 2.4 millones de dólares-
El Debate
El Tribunal Supremo español rechazó el recurso del futbolista argentino del FC Barcelona Lionel Messi y le mantuvo la pena previamente impuesta de 21 meses de prisión por un millonario fraude fiscal.
El Supremo, la última instancia del ordenamiento jurídico español, confirmó la pena de prisión para el futbolista y la multa de 2,1 millones de euros, pero en cambio rebajó la pena de su padre como cooperador necesario de 21 a 15 meses de cárcel y de 1,6 millones a 1,3 millones de euros de multa.
En cualquier caso, el ingreso en prisión de ambos será probablemente suspendido de acuerdo con la ley española al tratarse de crímenes no violentos con penas inferiores a dos años en acusados sin antecedentes.
Los cinco magistrados del tribunal mantuvieron el criterio expuesto en primera instancia por la Audiencia de Barcelona conforme el futbolista, a pesar de alegar desconocimiento de la gestión de su fortuna, actuó con dolo.
«No resulta acomodado a lógica admitir que quien percibe importantes ingresos ignore el deber de tributar por ello», afirma el Supremo en su sentencia, destacando que Messi intervino personalmente en esas actuaciones.
Ayudados por unos asesores fiscales de Barcelona, los Messi organizaron una red de sociedades en Reino Unido, Suiza, Belice y Uruguay para ingresar los derechos de imagen del futbolista evitando el pago de impuestos.
Durante estos años, Messi, ya con un futuro prometedor, firmó millonarios contratos con Adidas, Konami, Pepsi o Danone a nombre de estas sociedades, cuyos titulares eran él u otros miembros de su familia.
Estas maniobras fueron denunciadas por una fiscal de Barcelona en 2013 que se querelló contra el futbolista y su padre. En la sentencia, el tribunal echa en falta que la fiscalía se querellara también contra los asesores fiscales que organizaron el entramado societario.