Endurece Trump green cards

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La Corte Suprema de EU aprueba iniciativa del mandatario para que se rechace residencia a quienes obtengan ayudas sociales

DW

Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos validó reglamento impulsado por el gobierno de Donald Trump que penaliza a las personas inmigrantes legales que reciben ayudas sociales a la hora de optar a una residencia permanente, levantando así un bloqueo judicial que impedía su aplicación.

Los nueve jueces que componen la más alta jurisdicción estadounidense votaron divididos 5 contra 4 a favor de la petición de la administración Trump de levantar un bloqueo establecido por tribunales de menor rango para frenar la aplicación de la norma.

La polémica norma establece que una persona inmigrante legal será definida como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un período de tres años. Esos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.

La norma establece que una persona inmigrante legal será definida como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un período de tres años.

La normativa apunta además a reducir la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de «green card» (como se conocen en inglés los permisos de residencia permanente) o de algunos visados. 

Así, las autoridades podrán determinar si la persona puede convertirse en un momento dado -o se ha convertido- en una «carga pública» para el Gobierno, es decir, si «depende principalmente» de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.

La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y Trata de personas que residen en Estados Unidos. Sobre la decisión, la presidenta de la organización Community Change Action, Lorella Praeli, avisó de que no proteger «a los más vulnerables tendrá consecuencias duraderas para mujeres, menores y ancianos», al tiempo que calificó de «discriminatoria» la norma.

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración su insignia y ha amenazado con construir un muro en la frontera sur del país con México para frenar el flujo de migrantes procedentes de Centroamérica. Para ello, ha llegado incluso a desviar miles de millones de fondos del Pentágono para dedicarlos a la construcción del faraónico muro, su mayor promesa de campaña electoral en 2016.

Al inicio del verano, Trump anunciaba su proyecto legislativo sobre inmigración que mantenía el espíritu de lo que había sido su política desde su llegada al poder en 2017: controles más duros en la frontera y un sistema en el que primen los méritos profesionales del solicitante de visado frente al parentesco, por ejemplo. El mandatario también ha forzado a México, territorio que atraviesan quienes sueñan con entrar en EE UU, a aumentar las deportaciones, al amenazar con una guerra arancelaria, y ha puesto en marcha nuevas condiciones para la solicitud de asilo que, en la práctica, bloquean la mayor parte de las solicitudes.

Pendiente de otra decisión del Supremo está el caso de la regularización de los llamados dreamers (soñadores), migrantes que fueron traídos de forma irregular siendo niños y han crecido, estudiado y trabajado como cualquier estadounidense, a veces, sin recordar haber estado jamás en su país de origen y casi sin ser conscientes de que no son norteamericanos. También está por saber qué sucederá con los más de 10 millones de extranjeros sin papeles que residen en el país, la mitad de los cuales ha vivido en EE UU más de una década.