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Frena juez retiro de fondos a ‘ciudades santuario’

Dictamina jurista de California que Trump se excede en sus atribuciones constitucionales al privar de fondos federales a cualquier ciudad
Agencias
En respuesta a una peticion del condado de San Francisco y de Silicon Valley (Santa Clara), un juez de San Francisco bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump contra las ciudades santuario, informó Bloomberg.
El fallo del juez William Orrick de la corte del distrito norte de California, no es definitivo y el Departamento de Justicia podría recurrirlo ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito Noveno, instancia inmediatamente inferior al Supremo.
En la decisión, el magistrado determina que la orden ejecutiva no puede ser ejecutada, porque de serlo, violaría la Constitución.
El juez Orrick determinó que las entidades “han demostrado” que pueden sufrir un daño “irreparable” y, por ello, bloqueó la medida de manera temporal mientras estudia su contenido.
Gráfico ilustrativo de las ciudades santuario y las pretenciones de Trump para retirarles fondos federales / Gráfico Agencia Notimex/Internet
El bloqueo se produce a nivel nacional y afecta a todas las “ciudades santuario“, es decir, a las alrededor de 200 entidades.
“Estas violaciones constitucionales no se limitan a San Francisco o Santa Clara, sino que también se aplican igualmente a todos los estados y jurisdicciones locales. Debido al alcance de la orden y a sus aparentes fallos constitucionales, un bloqueo a nivel nacional es apropiado”, determinó el juez.

  

Marcha en apoyo a la inmigración en Tucson, Arizona y mapa de las principales ciudades santuario / Fotos Internet
El 25 de enero, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva, junto con la de la construccion del muro fronterizo, para presionar a ciudades como Los Angeles, Chicago y Nueva York, a que ayuden a sus políticas contra inmigrantes, que han generado redadas de ICE.
Apenas la semana pasada, el Departamento de Justicia lanzó una fuerte advertencia contra las llamadas ciudades “santuario”, enviando cartas a ocho jurisdicciones pidiendo pruebas de que están cooperando con la aplicación de la ley de inmigración, e indicando que si no acatan con los reglamentos, están en riesgo de perder concesiones federales.
Las cartas fueron enviadas al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, así como a funcionarios en Chicago, Nueva Orleans, Filadelfia, Las Vegas, Miami, Milwaukee y Nueva York.

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